Se trata del juez de Violencia Familiar Andrés Peretti; el juez de primera instancia Carlos Viramonte, ambos de la ciudad de San Francisco y la jueza Báscolo Ocampo, de la ciudad de Rafaela, Santa Fe.

La denuncia contra los magistrados es inédita y pone al desnudo una serie de graves irregularidades en el manejo de las leyes, en detrimento de los hijos de dos menores de edad.

Los delitos denunciados son serios y graves, dejan al  desnudo inconsistencias legales sin fundamentos lógicos. Si se cumpliera con la manda legal, podrían quedar desplazados de sus cargos por un jurado de enjuiciamiento.

Los Magistrados fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad (Art. 248 Código Penal) y omisión a los deberes de funcionario público (Art. 249 Código Penal), Prevaricato (Art. 269 Código Penal) y encubrimiento calificado (Art. 277 Código Penal, inc. “d” y 2. “d”), todo en concurso real  (Art. 55 Código Penal), por el padre de los menores implicados  y con presentación en querellantes particulares de parte de La Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Genero, en la cabeza de su presidente: Adriana Sandra Rearte, con patrocinio letrado de la Dra. y psicóloga Adriana Montalto.

Antecedentes.   

El Sr. J.F.B., el día 12/06/2019, interpuso una demanda por CUIDADO PERSONAL ante el Juzgado del Juez Carlos Ignacio Viramonte, a cargo de la Tercera Nominación de los juzgados de primera instancia de la ciudad de San Francisco (Cba.) , dado que en el estado en que se encontraban los hijos que tiene en común con C. P. O., es decir los menores E. A. B. y B. A. B., como así también el peligro en el que se encontraban los mismos, ya que C.P.O. convivía con una persona con frondosos antecedentes penales y sufrían desprecios de parte de este sujeto. El día 28/07/2020, el Juez Viramonte, resolvió otorgar, en base a la prueba rendida, consistente  en el serio peligro en el que se encontraban los menores, la falta de capacidad de su madre C.P.O. (quien nunca se presentó a contestar la demanda), y la verdadera comunión de padre de J.F.B. Hacemos propicio que en el expediente declararon la madre y la abuela de la madre de los menores, como así también los familiares de J.F.B., realmente la prueba fue lapidaria, y es por ello que Viramonte, resolvió otorgar el cuidado personal al padre requirente.

 La madre nunca apareció por la casa y el padre, con ayuda de su madre y su hermana se encargaron del cuidado exclusivo de los menores. La madre de los niños, insistimos, nunca apareció y pese a tener un bebé prematuro con su pareja, producto de una golpiza que le propinó en el Hospital de San Francisco (Cba.), nunca siquiera se comunicó con el padre biológico de los niños.

El plan

De todos modos y, así las cosas, C.P.O. aparece, repentinamente, apadrinada por una abogada ultra kirchnerista y con una supuesta activa participación en Montoneros en la década del ´70. Solo sabemos que esta abogada se hizo la fama de ser “mala” con los hombres, “de no perdonar nada”, es decir una reputación de “DURA”; además su esposo fue un cuestionadísimo fiscal, a quien le dieron la oportunidad de jubilarse, porque tenía sendas denuncias que el mismo poder judicial cordobés tapó. Ambos militaban en Montoneros y parece que no en la oficina, específicamente… Como nota de color, en el último gobierno K, cobraba un suculento mensual como “representante de madres y/o abuelas de plaza de mayo”, la que fue quitada por el expresidnete Mauricio Macri. Hoy no sabemos, pero sí, cuentan sus clientes, de esta “dura del derecho”, que se puede “disfrutar” en las consultas de una notebook, plagada de fotos de La Cámpora y del fallecido Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.

C.P.O. y la abogada dura, plantearon una demanda, que más que ello es una osadía, con pocos fundamentos y sin más, requieren el cambio de cuidado personal, la tarjeta alimentar, le piden alimentos al padre, luego de estar ausente más de dos años de la presencia de sus hijos. El padre, por supuesto que se negó a ello, pero creyó oportuno que se reestablezca un diálogo entre la madre y los hijos, a la vez que le reclamó a la madre que le pague alimentos, ya que decía en el mismo escrito que su situación económica había mejorado y tenía una casa y dos trabajos.

La Ejecución

Como a veces las casualidades existen, en esos días se hace presente la abuela materna de los niños y le pide al Sr. J.F.B. que se los entregue para que pase un rato con ella. Resultó con el rato fue más que ello… Sucedió que, aparentemente, y con “buen” asesoramiento, la madre de los menores y la abuela, previo revisión con una “médica”, se fueron hasta la ciudad de Rafaela (Santa Fe) e iniciaron una denuncia, escuche bien: por violencia familiar, en relación a supuestos hechos contra la integridad sexual, provocados por el padre en contra de los menores y, en razón de ello, se ordenó un medida cautelar restrictiva “para evitar la prolongación de los hechos de violencia hacia los menores” (¿?).

La nada misma

J.F.B., se presentó a reclamar a sus hijos en la casa de la abuela, en la policía de Frontera (Santa Fe) y en la Unidad Judicial San Francisco, desde el sábado a la mañana, a la tarde, el domingo, a la mañana, a la tarde y recién porque un amigo policía lo conoció, le tomaron una denuncia, pero escuche bien: por violencia familiar (¿?) Nos preguntamos, ¿todo es Violencia Familiar para los jueces?. ¿Nadie vio la existencia de la sustracción de menores, pese a una sentencia?. NO.

 Claramente el juzgado ordenante no sólo que obró de modo espasmódico y para la tribuna, sino que, en ese afán, se tomó atribuciones que exceden a sus funciones como juez, dado que el juez competente es de la ciudad de San Francisco (Cba.). Pero parece que en determinadas materias, ciertas personas no tienen derechos, y sólo son víctimas del perverso sistema judicial. J.F.B. se presentó ante la fiscalía de turno, por derecho propio a los fines de ser investigado. Nunca se hizo nada, nunca fue llamado a indagatoria. Nunca fue convocado a la audiencia prevista para la ley de Violencia Familiar, pese a que sí se lo hizo con O.

El limbo judicial ¿y los niños?

Hoy, ningún juez sanfrancisqueño se quiso hacer cargo del hecho y la juez de Rafaela, se apartó. Es decir, los niños no están al cuidado de nadie, legalmente hablando y lo peor de todo es que están en un grave peligro para su franja etaria madurativa.

La asociación se presentó como amicus curiae de en el expediente de Violencia Familiar, en donde el juez especialista en derecho tributario y archi mediático, Andrés Emilio Peretti, interviene y luego, de ser admitidos, fue rechazada y revocado el decreto, como si fuera potestad del juez rechazar a las partes una vez que se les dio participación. Lo más parecido a un comisario de campaña de principios del siglo XX. Recurrido dicho decreto, fue negado y la Asociación, fue en recurso directo, sin dejar de hacer mención que pese a que el recurso es uno de los remedios, ello no exonera al juez de la supuesta comisión del delito de prevaricato (interpretar la ley, según su gusto).

Anoticiado Viramonte, dijo que nada puede hacer y que insta a las partes a que cumplan con su sentencia… es decir habría omitido a los deberes de funcionario público, encubriendo, del mismo modo que Peretti, el accionar de O.

 Todos se encuentran denunciados ante la fiscalía de San Francisco, ante la Secretaría Penal del TSJ y ante el Comité de Ética Judicial.  Por su parte, a la jueza rafaelina, se le requirió la remisión de los antecedentes ante la Corte Suprema de Santa Fe y al Fiscal en turno de Rafaela (Santa Fe).

La impunidad tiene apoyo

Esto deja en claro que, para determinados jueces, en especial los de San Francisco, quienes no cumplen con la especialidad en derecho de familia, desobedecen la manda del Código Civil y Comercial de la Nación y hacen como más les guste. Ambos jueces provinciales, cuenta con apoyo, Peretti, como ya lo hemos dicho reposa en la mano de Llaryora, su sombra Mariano Almada y el desorientado Intendente García Aresca. El otro, Viramonte, con apoyo en el Poder Judicial, siendo de familia judicial, cuyo padre se jubiló en circunstancias que no fueron del todo claras y porque el TSJ, premió a todos sus redactores, con puestos de jueces en el interior.

y…. justicia para todos….