CARTA ABIERTA.

Eso demuestra que la ley sin el auxilio de la fuerza pública es letra muerta.

Según la ley cualquier funcionario policial puede y debe actuar de oficio ante la comisión flagrante de un delito… pero la práctica demuestra otra cosa, que un policia solo sin el apoyo institucional y del aparato estatal nada puede hacer .

Incluso la institución policial poco puede hacer en todo su accionar en post de la seguridad publica sin el complemento del sistema judicial. No sólo para encarcelar a los marginales, si no para que a posterior no persiga penalmente a los policías (ya que la ley puede ser interpretada para el lado que la política decida).

Concluyendo: en un sistema democrático tercermundista como el nuestro el verdadero poder está en el poder político.

Y lo que hoy vivimos es consecuencia de decisiones políticas de los ultimos 20 años en los más altos
niveles (entiéndase gobierno de la Pcia), que ha dispuesto no implementar politicas de seguridad a largo plazo, si no, a ir tras los votos fáciles y evitar pagar costos políticos ante la opinión pública, la cual es siempre direccionada por los medios de comunicación locales más grandes.

Y la decisión política básicamente es:
evitar escándalos mediáticos por los excesos de la policía, aún si hubiere que pagar el costo de algunas vidas humanas (civiles o policiales)… total con la voragine actual que fluye la información, eso pronto quedará en el olvido.

Por ese motivo todas las medidas adoptadas en los ultimos años; y parte de los medios materiales incorporados (del 2013 a esta parte), han sido para lograr menor interacción entre policías y delincuentes (se ve en la derogación del Código de faltas, en los nuevos protocolos, en decisiones institucionales como el no uso de armas largas, en los medios tecnológicos más tendientes a controlar internamente a los efectivos que ha prevenir el delito y encarcelar delincuentes).
Se nota claramente que la prioridad es no tener escándalos públicos donde se vean involucrados personal policial.

En sintesis: todo ello resulta en menos acción policial, en tiempos que el ciudadano común, el laburante que toma el bendito;
demanda más acción policial.

Comparativamente la seguridad pública en Córdoba siempre tuvo mejor performance que las Pcias. de Bs As, Sante Fé y la CABA, y es seguramente por ello, que toda decision en materia de seguridad quedó sujeta políticamente a este hecho.
Midiendo cada paso en función de los votos que se ganarán o perderán en las siguientes elecciones.

Pero hoy estamos cruzando un límite peligroso del cual es difícil volver… hemos perdido la calle, y no solo el delito a crecido, también aumentó temerariamente la llamada violencia urbana.

Como decía un viejo y ya fallecido profesor de la Esc de Policía: «En cualquier parte del mundo la seguridad publica depende de un fino equilibrio entre el accionar de la Policía vs el accionar de la delincuencia (en todas sus manifestaciones); cuando uno de los dos ‘bandos’ sufre modificaciones, repercuten automáticamente en el otro.
Cuando uno de los dos sede terreno indefectiblemente es ocupado por el otro».

Estamos viviendo las consecuencias de la política del «no hacer» o mejor dicho «del dejar hacer», de la no intervención policial para no pagar costos…

Claro que esto tiene un limite o contrapeso que se manifestará en el hartazgo social ante la impunidad de la delincuencia.

La pregunta del millón: ¿cuanto tiempo deberá transcurrir para que la opinión pública tuerza el brazo a las decisiones políticas, para revertir esta situacion? ANÓNIMA.