Son muchas las denuncias anónimas que llegan a esta redacción, de los ciudadanos de Villa María, quienes tienen que soportar una justicia politizada y que nuca mide con la misma vara, una fiscal que según algunos no es imparcial ni justa en el trato con quienes tiene que investigar, condenar o absolver.

TE CONTAMOS QUIEN ES LA FISCAL COMPANYS.

Juliana Companys, desde hace dos años y medio es la fiscal titular del 2° turno de Villa María, a partir del 18 de julio de 2019, pero el despacho de esa fiscalía no le era extraño, ya que desde hacía un año ocupaba el cargo en forma interina, es la fiscal del caso Zoe y quien ordenó la detención de Cositorto, con fama de mano dura, que no la precede, ya que según para algunos, es inflexible en casos de violencia de género y familiar, lo cual no estaría siendo del todo real si tomamos la causa del ex intendente, Martin Gil, el cual con una grave denuncia de violencia de género, duerme es su despacho, dejando más dudas que certezas, además tendría varias denuncias de otros abogados por posibles excesos.

VINCULOS POLITICOS.

Companys se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Pasó por diferentes funciones en las áreas legales de la Secretaría de la Gobernación durante la gestión de José Manuel de la Sota. Ingresó al Poder Judicial en 2005. Estuvo en la sede de Oliva, en Río Segundo y en 2016 llegó a Villa María, donde fue prosecretaria del Juzgado de Juventud, Niñez, Violencia Familiar y Penal Juvenil.

Mientras estuvo al frente de la Fiscalía de Instrucción en forma interina ya había rendido el concurso, pero todavía no tenía el acuerdo de la Legislatura y la designación, resolvió el archivo de dos investigaciones contra el exintendente en ese momento de Villa María, Eduardo Accastello. Una era por presuntas irregularidades en obras del Anfiteatro municipal y otra sobre conciliaciones bancarias. Companys llegó a la conclusión, después de diferentes pericias, de la inexistencia de delito.

En julio de 2020, durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, imputó al intendente de Villa María, Martín Gill, en ese momento, el funcionario integraba el gabinete del presidente Alberto Fernández y estaba al frente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, le endilgó incumplir el artículo 205 del Código Penal, porque participó de una reunión familiar por el cumpleaños de su madre que excedía el límite de personas permitidas para un encuentro social, según las medidas sanitarias vigentes en ese momento.

La segunda denuncia fue el 19 de marzo del corriente año, Lourdes Astudillo denunció al intendente de Villa María, Martín Gill, por agresiones, tras la presentación, la fiscal de Instrucción Juliana Companys lo imputó por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.

Ordenó pericias y luego de los informes fijaría la fecha de la indagatoria. lo cual hasta que no ocurra, el expediente es secreto, aún para la víctima que pidió constituirse en querellante con el patrocinio de su abogada.

Sin embargo, ocurrió un hecho que despertó suspicacias por su gravedad. A comienzos de abril, el documento en PDF que contiene la primera declaración de la víctima en la Unidad del fuero especial de Villa María se filtró y viralizó, el mensaje con el documento se disparó desde una computadora del Poder Judicial un domingo por la tarde. El Tribunal Superior de Justicia ordenó de inmediato la apertura de un sumario administrativo, por lo que esos antecedentes se encuentran en la ciudad de Córdoba.

Ambos expedientes son citados por quienes le asignan buenos vínculos con el peronismo cordobés.

Algunos dicen “Es polémica” y recuerdan un caso, ocurrido en julio del año pasado, cuando un matrimonio mayor fue a denunciar una golpiza que habría recibido su hijo por parte de policías. La fiscal ordenó la detención de la pareja por entorpecimiento a la labor policial, la cual la convierte en una persona, que no es imparcial en su labor, además nos dicen que un grupo de letrados realizó una presentación pidiendo que sea investigada por posibles excesos en el ejercicio de su función. El pedido fue interpuesto en el Colegio de Abogados de Villa María y luego girado a la Fiscalía General.