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EL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA ESTA DETONADO, NO RESPETAN NI LA CONSTITUCIÓN.

Quiero hacer pública una situación procesal que considero de extrema gravedad institucional.

Como abogado defensor de Osvaldo Miguel Fassetta, interpuse una apelación contra la resolución que mantenía su prisión preventiva. Esa presentación quedó registrada el 11 de septiembre de 2026, a las 10:51, ante el Juzgado de Control y Faltas n.º 10 de Córdoba.

En ese escrito expuse extensamente los motivos por los cuales considero que la prisión preventiva de mi defendido carece de fundamentación suficiente y que no se ha demostrado adecuadamente un peligro procesal concreto que justifique mantenerlo encarcelado.

Sin embargo, mediante el Auto n.º 639, del 22 de octubre de 2026, la Cámara de Acusación declaró tácitamente desistido el recurso, al considerar que no se había presentado el informe escrito exigido por el artículo 465 del Código Procesal Penal.

La consecuencia es concreta: la Cámara no examinó los agravios que presentamos contra la prisión preventiva de Fassetta.

Quiero ser preciso. La existencia de la apelación inicial no resuelve, por sí sola, si se cumplió también la carga procesal posterior que exige la ley. Por eso, corresponde verificar las actuaciones, las notificaciones y la tramitación del expediente.

Pero hay una pregunta que merece una respuesta institucional: ¿se verificaron adecuadamente todas las presentaciones realizadas por la defensa antes de declarar desistido un recurso que cuestionaba la privación de libertad de una persona?

No estoy pidiendo privilegios para mi defendido. Estoy exigiendo que se respeten las garantías procesales que protegen a cualquier ciudadano.

La prisión preventiva no es una condena. La apelación no es una formalidad vacía. Y el derecho de defensa no puede quedar reducido a la posibilidad de presentar un escrito si después no existe un control efectivo de que el procedimiento se haya cumplido correctamente.

Si hubo un incumplimiento procesal de la defensa, corresponde identificarlo con precisión y conforme a la ley. Si hubo una irregularidad en la tramitación o una presentación que no fue debidamente considerada, corresponde esclarecerla y adoptar las medidas procesales pertinentes.

Lo que no podemos hacer es dar por resuelta esa discusión sin examinar las constancias.

Mi obligación profesional es defender a mi representado por las vías legales correspondientes. Mi obligación pública es explicar por qué considero necesario que esta situación sea esclarecida.

No pido que crean en mi palabra por el solo hecho de ser abogado defensor.

Pido que se examinen los documentos, que se reconstruya la secuencia procesal y que se responda con fundamentos.

Porque en un Estado de derecho, la libertad de una persona y el ejercicio efectivo de su defensa merecen algo más que una conclusión formal: merecen una decisión jurídicamente fundada.

Eduardo J. Medina Allende

M.P. 1-34939

Abogado — Máster en Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

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