Una abadía en la Justicia penal cordobesa.
Umberto Eco imaginó una abadía en la que comenzaron a morir hombres y, alrededor de esas muertes, construyó algo mucho más inquietante que una novela policial.
Construyó una teoría del poder.
En El nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville llega a investigar una sucesión de hechos que otros ya parecen haber explicado. Frente a él se levanta una estructura cerrada, jerárquica, convencida de custodiar no solamente libros, sino también la interpretación correcta de las cosas.
En aquella abadía había una biblioteca. Y la biblioteca era un laberinto.
Pero su verdadero peligro no consistía en que fuera difícil entrar.
Consistía en que alguien decidía qué libros podían leerse.
Ese es el punto en el que una novela escrita hace casi medio siglo comienza, inquietantemente, a parecerse a ciertos aspectos de nuestra Justicia penal.
Porque también una investigación penal es una enorme biblioteca.
Hay testimonios. Informes. Pericias. Horarios. Fotografías. Comunicaciones. Contradicciones. Conductas anteriores y posteriores. Hipótesis que nacen, otras que mueren y algunas que deberían investigarse, aunque resulten incómodas.
El fiscal recibe todos esos signos.
Pero no recibe la verdad.
Recibe materiales con los cuales debe buscarla.
Y esa diferencia es gigantesca.
En el caso Agostina Madeleine Vega, bajo la investigación dirigida por el fiscal Raúl Garzón, la pregunta que cada vez resulta más difícil evitar no es solamente qué ocurrió.
Hay otra anterior y quizá institucionalmente más grave:
¿se investigaron con idéntica intensidad todas las hipótesis razonablemente posibles o se construyó una hipótesis y luego se comenzó a ordenar la realidad alrededor de ella?
No afirmo aquí cuál es la respuesta.
Precisamente reclamo que podamos formular la pregunta.
Porque cuando preguntar comienza a incomodar al investigador, algo empieza a funcionar mal.
GUILLERMO DE BASKERVILLE Y LA HUMILDAD DE INVESTIGAR.
Guillermo representa una virtud extraordinariamente escasa en cualquier estructura de poder: la posibilidad de admitir que uno puede estar equivocado.
Observa.
Formula hipótesis.
Las contrasta.
Las abandona cuando los hechos no las sostienen.
Y vuelve a empezar.
La grandeza intelectual de Guillermo no consiste en acertar siempre. Consiste exactamente en lo contrario: en no enamorarse de sus propias hipótesis.
Eso debería enseñarse el primer día en cualquier escuela judicial.
Porque uno de los fenómenos mejor conocidos por la psicología cognitiva es el sesgo de confirmación: una vez que construimos una explicación, tendemos a advertir con mayor facilidad aquello que la confirma y a minimizar aquello que la contradice.
En una conversación cotidiana puede provocar una discusión.
En una investigación penal puede destruir una vida.
Por eso el fiscal no debería investigar para demostrar que tenía razón.
Debería investigar, incluso, para descubrir si estaba equivocado.
Ésa es la diferencia entre buscar la verdad y defender una teoría.
JORGE DE BURGOS Y EL MIEDO A LA DUDA.
En la novela existe otro personaje extraordinario: Jorge de Burgos.
Jorge custodia el conocimiento porque comprende algo perfectamente: quien controla aquello que los demás pueden conocer posee una formidable capacidad para determinar aquello que los demás terminarán creyendo.
Su obsesión gira alrededor del libro perdido de Aristóteles sobre la comedia y la risa. La cuestión posee una enorme carga simbólica: la risa puede destruir el miedo, y quien pierde el miedo comienza a cuestionar la autoridad. (BNE)
Por eso Jorge teme la duda.
No porque carezca de convicciones.
Precisamente porque tiene demasiadas.
Hay una enfermedad intelectual del poder que aparece cuando una persona deja de decir:
“Creo que esto ocurrió.”
y comienza silenciosamente a pensar:
“Esto ocurrió porque yo creo que ocurrió.”
Parece una diferencia semántica.
Es un abismo jurídico.
LA FISCALÍA NO ES DUEÑA DE LA VERDAD.
Nuestro sistema procesal le entrega al Ministerio Público Fiscal un poder enorme.
Pero le entrega una función, no una propiedad.
El fiscal dirige una investigación.
No es propietario de ella.
Mucho menos propietario de la verdad.
La Constitución, las garantías procesales y el principio de objetividad existen precisamente porque el poder estatal necesita límites incluso —y especialmente— cuando está convencido de estar haciendo justicia.
Una investigación seria no debería temer una hipótesis alternativa.
Debería agradecerla.
No debería irritarse ante una contradicción.
Debería investigarla.
No debería considerar enemigo a quien señala inconsistencias.
Debería demostrar, mediante evidencia verificable, por qué esas inconsistencias no modifican su conclusión.
Porque el expediente penal no es una novela cuyo autor conoce de antemano el final.
Y el fiscal no puede comportarse como novelista.
Los hechos no son personajes disponibles para acomodarlos al argumento.
EL LABERINTO.
Ésta es quizá la analogía más perturbadora con El nombre de la rosa.
La biblioteca de Eco era un laberinto porque la información existía, pero llegar hasta ella dependía de conocer determinados caminos.
También un expediente puede convertirse en un laberinto.
No necesariamente porque alguien falsifique una prueba.
Existe una forma mucho más sofisticada.
Basta con jerarquizar unas cosas y minimizar otras.
Profundizar determinadas líneas y abandonar otras.
Considerar decisivo un indicio y anecdótico otro.
Creer inmediatamente a determinada persona y someter a sospecha permanente a otra.
Preguntar diez veces sobre aquello que confirma nuestra teoría y ninguna vez sobre aquello que podría destruirla.
Nada desaparece físicamente.
Pero la imagen final cambia.
Y entonces aparece uno de los mayores peligros epistemológicos del proceso penal: confundir una reconstrucción posible con la única reconstrucción posible.
BERNARDO GUI: CUANDO LA CONCLUSIÓN PRECEDE A LA INVESTIGACIÓN.
Eco coloca además en escena a Bernardo Gui, el inquisidor.
Su problema no es solamente su severidad.
Es algo intelectualmente mucho más peligroso.
Gui necesita encontrar culpables.
Guillermo necesita comprender qué ocurrió.
Son dos mentalidades radicalmente distintas.
Una investigación penal democrática debería parecerse siempre a Guillermo y nunca a Bernardo Gui.
Porque cuando el investigador necesita confirmar una explicación determinada, cada indicio comienza milagrosamente a señalar hacia el mismo sitio.
Y allí aparece la pregunta que inevitablemente debe formularse respecto de la investigación de Agostina:
¿estamos frente a una investigación que continúa preguntándose qué ocurrió o frente a una investigación que, habiendo decidido qué ocurrió, busca ahora demostrarlo?
La diferencia es todo el proceso penal.
EL FISCAL GARZÓN.
Por eso mi crítica a la actuación del fiscal Raúl Garzón no necesita insultos.
Sería demasiado fácil.
Tampoco necesito atribuirle intenciones que no puedo demostrar.
Mi cuestionamiento es mucho más serio porque se dirige al método.
Quiero saber por qué determinadas líneas fueron profundizadas y otras no.
Por qué determinados elementos merecieron una interpretación y otros aparentemente otra.
Por qué algunas contradicciones parecen decisivas mientras otras parecen secundarias.
Quiero saber si cada hipótesis razonablemente compatible con la evidencia recibió la misma energía investigativa.
Y quiero saber, fundamentalmente, si todavía existe dentro de esa Fiscalía una pregunta capaz de modificar la conclusión.
Porque ésa es la prueba definitiva.
Pregúntele a cualquier investigador:
“¿Qué evidencia lo haría abandonar su hipótesis?”
Si puede responder, todavía está investigando.
Si la respuesta es “ninguna”, ya no tenemos una hipótesis.
Tenemos una creencia.
Y el Estado no puede privar de libertad, acusar ni construir culpabilidades sobre creencias.
LA ROSA.
Al final de la novela, la biblioteca arde.
Siglos de conocimiento desaparecen mientras Guillermo contempla el fracaso de una pretensión humana antiquísima: poseer definitivamente la verdad.
Eco nos deja entonces frente a una paradoja magnífica.
Guillermo había razonado.
Había observado.
Había relacionado indicios.
Y también se había equivocado.
Eso no disminuye al personaje.
Lo engrandece.
Porque solamente puede corregirse quien acepta previamente la posibilidad de estar equivocado.
Ahí está la enseñanza que nuestra Justicia penal cordobesa debería colocar sobre la puerta de cada Fiscalía:
el poder de investigar no convierte una hipótesis en verdad.
La autoridad no mejora una prueba.
Un sello no transforma una inferencia en certeza.
Una prisión preventiva no convierte al imputado en culpable.
Una conferencia no reemplaza al expediente.
Y cien repeticiones de una misma explicación tampoco convierten esa explicación en realidad.
La verdad judicial merece algo mucho más difícil.
Merece contradicción.
Merece defensa.
Merece peritos que discutan.
Merece jueces que controlen realmente.
Merece fiscales capaces de escuchar aquello que contradice su propia construcción.
Y merece abogados que incomoden.
Sobre todo abogados que incomoden.
Porque el día en que la defensa deje de molestar al poder investigador, habrá dejado de cumplir su función constitucional.
No sé todavía cuál será el último capítulo judicial del caso Agostina.
Pero sí sé cómo debería escribirse.
No debería escribirlo el fiscal.
Tampoco la defensa.
Ni la querella.
Ni los medios.
Debe escribirlo la prueba.
Toda la prueba.
Incluso aquella que contradiga aquello que hoy algunos creen saber.
Quizá por eso El nombre de la rosa continúa siendo perturbador tantos siglos después de aquella abadía imaginaria.
Porque Jorge de Burgos no temía realmente un libro.
Temía lo que podía ocurrir cuando alguien lo leyera.
Temía que alguien pensara.
Temía que alguien dudara.
Temía que alguien formulara la pregunta que la autoridad no quería escuchar.
Y ése sigue siendo el dilema.
También en Córdoba.
También en nuestros tribunales.
También en el caso Agostina.
Cuando una institución comienza a molestarse con las preguntas, el problema ya no son quienes preguntan.
El problema es aquello que la institución teme que podamos encontrar cuando obtengamos las respuestas.
Por eso vuelvo a la frase que hace tiempo elegí como una especie de advertencia frente a cualquier poder que pretenda explicarnos demasiado rápidamente la realidad:
No me crean.
Piensen.
Eduardo J. Medina Allende
M.P. 1-34939
Abogado — Máster en Derecho Penal, Universidad de Salamanca.