PERLITA NUMERO I.

Tanto desde el Gobierno como desde Jefatura de policía en los últimos años se han dedicado a hacer el márquetin más salvaje que se puede mostrar, usando los medios y la mentira quieren hacer no solo creer si no ver que se preocupan y ocupan de la violencia y no ayudan a nadie.

Esta especie de locura marquetinera, nos lleva a los cursos que según los altos jefes de las fuerzas de seguridad realizan, los cuales son obligatorio para las licenciaturas, el tema es que, según una fuente de jefatura, no solo no lo realizan si no que se los harían hacer a los secretarios o laderos, ya que la mayoría son virtuales, esto último vendría a esclarecer porque ningún jefe tiene idea y jamás usan ni les permiten usar las leyes Micaela, Yolanda y Dupuy, por que no las conocen, pero tienen el diploma colgado en la pared.

Por eso no nos sorprende, que no se acaben y cada vez sean peores los malos tratos y abusos de poder dentro de estas Instituciones tan misóginas, mientras el gobierno solo se ocupe de solo hacer márquetin y que la obligación de capacitarse solo sea para los de abajo, no solo nada cambiara todo sea peor tristemente.

Les dejamos dos escritos, para ver si los ineptos mentirosos los usan como machete y aprenden a trabajar.

La ley Micaela es una normativa argentina que lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en el año 2017. La ley fue sancionada en 2018 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todos los empleados del sector público.

Micaela García fue una estudiante de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. El 1 de abril de 2017, fue asesinada por su ex pareja, Sebastián Wagner, en un ataque brutal que conmocionó al país. Su muerte generó un gran impacto y movilizó a la sociedad argentina en contra de la violencia de género.

La ley Micaela busca garantizar que los funcionarios públicos estén capacitados para abordar situaciones de violencia de género y brindar una respuesta adecuada a las víctimas. La ley establece que la capacitación debe ser integral y abordar temas como la perspectiva de género, la violencia de género, el femicidio y la atención a las víctimas.

En Argentina, la Ley Yolanda se refiere a la Ley 27.533, sancionada en 2020, que lleva el nombre de Yolanda Ortiz, una trabajadora doméstica que fue víctima de abuso laboral y explotación.

Yolanda Ortiz fue una trabajadora doméstica que sufrió abuso laboral y explotación por parte de sus empleadores. Su caso se hizo público en 2019, cuando denunció las condiciones de trabajo precarias y la explotación que sufrió durante más de 30 años.

La Ley Yolanda busca proteger los derechos de los trabajadores domésticos en Argentina, estableciendo:

– Igualdad de derechos y obligaciones para los trabajadores domésticos respecto a los trabajadores en general

– Jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales

– Descanso semanal de 35 horas

– Vacaciones pagas

– Protección contra el abuso laboral y la explotación

La ley también establece sanciones para los empleadores que no cumplan con las normas y crea un registro nacional de trabajadores domésticos para garantizar el cumplimiento de la ley.

La Ley Yolanda es un paso importante para proteger los derechos de los trabajadores domésticos en Argentina y garantizar condiciones laborales dignas y justas.

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPUSO LA IMPLEMENTACION DEL NARCOTEST EN LA POLICIA.

PERLITA NUMERO II:

Mediante resolución ministerial, se estableció la implementación de un «Protocolo de Control de Drogas para el Personal de la Policía de la Provincia de Córdoba», con el fin de garantizar la seguridad pública y mantener la integridad y profesionalismo de la fuerza policial.

Se implementa a través de la Dirección General de Control de Conducta Policial de Córdoba, con testeos aleatorios y por sospecha razonable al personal de los distintos cuerpos de la Policía, a todos los ingresantes a la fuerza y de manera obligatoria para aquellos efectivos que estén en condiciones de ascender a jerarquía superior.

El estudio es en cumplimiento de la ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante el pasado 18 de mayo y reglamentada el 21 de julio, la cual establece que los funcionarios que se encuentren en ejercicio de sus respectivos cargos deberán acompañar el certificado negativo correspondiente en un plazo máximo de sesenta días corridos contados a partir de la publicación de la reglamentación. 

¿Ahora la pregunta es, para que sirve esta medida? Ya que desde este medio quisimos saber más, y en una charla con quienes hablan maravillas de esta ley quisimos saber realmente si sirve para algo o es otra manera de hacer márquetin, por ejemplo, quisimos saber qué pasa si a un político le da de positivo, y la pregunta fue, ¿se da a conocer? se lo aparta?, la respuesta fue no ya que es una acción privada y entraría en una patología y esta el secreto sobre la salud, entonces por que gastar tanta plata en un examen que solo sirve para decir me lo hice, ya que claramente tanto el concejo deliberante como la legislatura, las leyes que necesita el pueblo no están en la agenda, hasta cuando tendremos que pagar sueldos, a tipos como Casado, Rossi; etc. para que no hagan absolutamente nada.