DENUNCIA Y PEDIDO DE INTERVENCION DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA.

A fin de exponer los siguientes hechos de extrema gravedad institucional que estarían ocurriendo en el ámbito del Servicio Penitenciario de Córdoba, los cuales configurarían presuntas faltas administrativas graves, abuso de autoridad, persecución laboral y tráfico de influencias.

Se solicita investigar la situación de la actual pareja de Funes, Liliana María Penayo López de nacionalidad Paraguaya, Sub Ayte quien estaría cobrando cargo función, cobra como subalcaide, y se desempeña en el área de Reconocimientos Médicos ejerciendo funciones profesionales de diagnóstico y recomendación médica sin haber acreditado, a la fecha, la titulación habilitante correspondiente (Subayudante). Asimismo, se señala la connivencia de la Sub Directora General del área, quien sería la Dra. Laura Barrera pareja del hoy detenido en la cárcel de bouwer Heredia alias el (Caña) ex Sub Jefe del Servicio Penitenciario, quien validaría dichas intervenciones profesionales irregulares, pero que se puede esperar si ponen de jefe a la visita de un delincuente alojado en bouwer.

En este marco, se denuncia la existencia de hostigamiento sistemático hacia el personal que se encuentra bajo carpeta psiquiátrica legalmente otorgada, forzándolos a levantar licencias médicas, como así también el traslado injustificado de personal de carrera que opuso resistencia a estas directivas.

Se pone en conocimiento que, en dependencias del edificio de la calle Laprida 1766, se detectó el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de firmas en documentación institucional por parte de una agente (señalada como ahijada de la Sra. Funes). Tras ser descubierta la maniobra, las autoridades habrían procedido a encubrir el hecho, disponiendo el traslado de la denunciada a un sector con beneficios horarios, mientras que la agente damnificada por el uso de su identidad fue sancionada de facto con el traslado a la guardia del EP3.

Se solicita auditar los fondos de la institución ante el presunto pago, con recursos públicos, de peritajes privados destinados a favorecer judicialmente a los directivos imputados por el fallecimiento del empleado Monier (causa que involucra a los Sres. Tucumano y Barrera). El beneficio tendría como contrapartida la posterior promoción de los imputados a Direcciones Generales o a la Jefatura del Servicio.

Se denuncia el otorgamiento de beneficios discrecionales (asignación de servicios adicionales y puestos clave en el área de Prensa) a las hijas del interno detenido Vivas, presuntamente motivado por compromisos personales de la Sra. Funes. Asimismo, se señala que la esposa de dicho interno ha sido designada de manera irregular como Jefa de la Coordinación de Tribunales Federales.

Se solicita investigar las maniobras operadas desde la Coordinación de Tribunales II por parte de una Ayudante retirada allegada a la conducción, mediante las cuales se filtraría información judicial. Se denuncia que estas acciones forman parte de un plan para desplazar al Jefe Dávila de la Alcaidía mediante el armado de causas falsas y la intervención directa e irregular de la Sra. Funes ante el Tribunal de Conducta, vulnerando la obligatoria neutralidad de dicho organismo.

Finalmente, se hace constar el profundo estado de disconformidad y desamparo de los Directores de Seguridad frente a las directivas de las máximas autoridades (Funes y Romero). Se denuncia que la conducción expone al personal subalterno a la toma de decisiones sin proveer soluciones reales a las crisis diarias de los establecimientos, tales como la falta de agua potable, fallas graves de infraestructura, escasez de servicios básicos y escaladas de conflictos violentos entre internos.