DENUNCIA ANÓNIMA.
Cada año se repite la misma escena: se convoca a todo el personal a postularse para el denominado Curso ingreso a la dirección bomberos de la policía de Córdoba “Casting del Poder”, se inscriben más de 400 efectivos, cabe aclarar que el mismo tiene un costo por efectivo de 500.000 pesos y solo unos pocos resultan “elegidos”.
El cupo limitado no explica lo que todos comentan en voz baja: que los nombres ya estarían definidos antes de que la convocatoria se publique. La lista final no reflejaría mérito ni evaluación objetiva, sino compromisos previos y devoluciones de favores políticos.
Si la selección responde a acuerdos informales y no a criterios transparentes, estamos ante una práctica que desvirtúa la convocatoria y expone a la institución a una grave sospecha de corrupción.
La transparencia no debería ser opcional. Publicar criterios claros y verificables no es un favor: es una obligación.
PODER IGUAL A CORRUPCION, NADIE INVESTIGA Y TODO SIGUE IGUAL.
Dentro de la Dirección se vienen registrando prácticas que, de confirmarse, resultan incompatibles con cualquier estándar mínimo de ética pública y respeto institucional.
Se atribuyen al Director de la dirección bomberos, la conducta reiteradas de trato discriminatorio hacia el personal, basadas en apariencia física, edad o características personales. Se señalaría como criterio de exclusión el color de piel, el aspecto físico o incluso la vestimenta, marginando a determinados efectivos de actividades institucionales, registros fotográficos y participación en espacios visibles.
Asimismo, personal con amplia trayectoria y jerarquía sería apartado de funciones estratégicas bajo el argumento de “ya no sirve” o “no aporta”, relegándolo a destinos externos como forma de aislamiento. Estas decisiones, lejos de responder a evaluaciones objetivas, parecerían configurarse como mecanismos de castigo o desplazamiento interno.
Se denuncia además que efectivos con especialidad reconocida no estarían percibiendo el adicional correspondiente establecido por decreto desde hace tres años, pese a continuar cubriendo servicios. La retención de ese beneficio sería utilizada como medida disciplinaria informal. A ello se sumarían advertencias o amenazas de traslado (“pase”) ante cualquier cuestionamiento.
Si estas prácticas son reales, no solo vulneran principios básicos de igualdad y no discriminación, sino que podrían implicar abuso de autoridad y desvío de funciones.
La gravedad de estos hechos amerita la intervención urgente de organismos de control independientes que auditen los procesos de ingreso, selección, asignación de funciones y liquidación de haberes.
La institución no puede sostenerse sobre el miedo, la discrecionalidad y la exclusión.
EJEMPLOS CONCRETOS.
* Se menciona el caso de un ex chofer de la ex Jefa de Policía, quien pertenece administrativamente a la Dirección Bomberos, pero presta servicios en otra dependencia. Pese a no desempeñar funciones operativas dentro de Bomberos, estaría percibiendo el plus correspondiente a especialidad, beneficio que —según normativa vigente— debería abonarse a quienes efectivamente cumplen esas tareas específicas.
Este tipo de situaciones genera una evidente desigualdad: mientras algunos efectivos que sí cubren servicios y poseen especialidad no percibirían el adicional, otros lo estarían cobrando sin prestar funciones en el área correspondiente.
De confirmarse estas circunstancias, se estaría ante una aplicación selectiva de beneficios económicos, lo que amerita revisión inmediata por parte de los organismos competentes.
Temporada 1 Capitulo 1 Continuará.