En el marco del Acto de Egreso de Agentes realizado en la fecha, el Sr. Gobernador de la Provincia anunció la duplicación del valor del Plus de Calle, el cual será abonado bajo la modalidad de Sistema de Precentismo, con un monto aproximado de $500.000, así como el otorgamiento de dos bonos anuales de aproximadamente $700.000 cada uno destinados a la adquisición de uniformes, sin que se hayan precisado fechas ni mecanismos de implementación. Si bien estos anuncios representan una señal de reconocimiento parcial, resultan insuficientes frente a la grave situación estructural que atraviesa la Policía de la Provincia de Córdoba.
Las dependencias policiales, particularmente en el interior provincial, presentan serias deficiencias edilicias y operativas, con condiciones laborales que no cumplen estándares mínimos de dignidad ni de seguridad, afectando directamente la calidad del servicio brindado a la comunidad. En el plano institucional, se advierte una profunda desmotivación del personal policial como consecuencia de prácticas internas persistentes, tales como el amiguismo, el favoritismo y la asignación de beneficios y ascensos en función de vínculos personales o familiares.
Policías que han cumplido regularmente con sus funciones durante todo el año, sin incurrir en ausencias injustificadas, observan cómo se promueve a personal que no reúne los mismos antecedentes de compromiso y responsabilidad, lo que vulnera los principios de mérito, igualdad y disciplina. A esta situación se suma una estructura salarial insuficiente para cubrir las necesidades básicas del personal y sus familias, agravada por el incremento sostenido de los descuentos previsionales y de APROSS. Paralelamente, el Estado Provincial prioriza políticas de endeudamiento y obra pública, trasladando el impacto del ajuste al personal policial, en detrimento de áreas esenciales como la seguridad, la salud y la educación. La corrupción policial no puede analizarse como un fenómeno aislado. Es el resultado de años de fatal conducción política, controles ineficientes y ausencia de respuestas institucionales ante irregularidades reiteradamente denunciadas.
La falta de decisiones estructurales oportunas ha permitido la consolidación de prácticas que deterioran la credibilidad de la fuerza y debilitan el Estado de Derecho. Por todo lo expuesto, se solicita a la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba que tome intervención activa en esta problemática, promoviendo instancias de control, debate y reforma integral de la política de seguridad y de las condiciones laborales del personal policial, garantizando criterios de equidad, transparencia, reconocimiento al mérito y respeto por la dignidad de quienes cumplen funciones esenciales para la sociedad.