LA JUSTICIA QUE LLEGA TARDE NO ES JUSTICIA Y CUANDO LA JUSTICIA ES UN NEGOCIO ES MIL VECES PEOR.

El ex legislador José Eugenio Díaz, en un reciente fallo vergonzoso que lo condeno a solo tres años de prisión en suspenso, siendo un condenado “CONFESO” ya que admitió su responsabilidad en ochos delitos cometidos contra seis mujeres, no solo las vuelve a revictimisar si no que, además, queda muy en evidencia que el poder judicial tiene una clara afinidad política con el oficialismo, ya que como se viene dando en estos últimos veinticinco años, siguen protegiendo y avalando la corrupción y delitos que cometen funcionarios del gobierno.

La realidad es que esta justicia, tardo 22 años en condenar al ex legislador y varias veces presidente comunal en el Brete, los hechos cometidos por Díaz, son delitos que tienen una escala penal que van de dos a treinta dos años de condena, lo cual queda más que claro, que fue un negociado de pura impunidad, esa es la cruel verdad, hace más de dos décadas, Díaz cometía cuatro hechos de abuso sexual simple y cuatro hechos de coacción agravada.

La gravedad de estos hechos, fue la reiteración y tras haberse probado el sometimiento prolongado, el fallo acordado por la fiscal Fabiana Pochettino, en la reducción de la pena para evitarle años de cárcel de cumplimiento efectivo, es un claro y peligroso mensaje a las víctimas, las cuales terminan siendo presas de su desgracia ya que el victimario termina con una condena irrisoria y en absoluta libertad.

Claramente esta decisión tiene un doble mensaje, primero que violenta el principio de proporcionalidad delito igual condena y segundo, que este tipo de delitos violentos pueden diluirse con el transcurso del tiempo y que la confesión tardía, sea premiada con impunidad pactada en un juicio a prueba, donde el culpable se hace cargo del hecho y termina siendo premiado con una pena excarcelable, por lo cual nunca estuvo preso ni lo va estar.

Y como para ir terminando con esta nota que nos deja un sabor amargo y la convicción absoluta que en esta causa no se hizo justicia, sino que solo se trató de proteger al abusador, es que la fiscal, es la misma que tuvo a cargo la causa al principio en pleno periodo de investigación, la misma que nuca hablo con las víctimas y mucho menos las apoyo,  aunque sí muy apurada por cerrar este acuerdo muy conveniente para el imputado, es por eso que con un fingido interés hablo con las victimas solo para instarlas a recibir una compensación económica que mas parece una burla de $3.500.000, a pagar en cuatro cuotas iguales mensuales y consecutivas. Un intento de reparación de daños, lo cual, si es una burla, por que ni una suma mucho mayor de dinero, podría reparar tantos años de sufrimientos padecido por las víctimas, y si nos ponemos en críticos, lo que les ofrecieron sale una rueda de la camioneta que maneja el maldito degenerado.

Frente a lo mencionado, es urgente revisar no solo las responsabilidades Institucionales detrás de este acuerdo, sino también los protocolos de actuación de las fiscalías y los estándares que guían la conformidad judicial en juicios abreviados. La justicia no puede renunciar a su deber simbólico ni a su rol protector frente a quienes han sido sistemáticamente silenciadas.