AUN IMPUTADA TRABAJO HASTA LAS 13 HS.

Este jueves 27 de junio se conoció que una operadora de las cámaras de la policía de córdoba, avisaba a los delincuentes de una mega banda que robaba vehículos, otro escándalo sacude a la Policía de Córdoba, una joven operadora de las cámaras del 911 fue imputada de «violación de secreto»: está acusada de brindar información sensible al integrante de una mega banda dedicada al robo de vehículos en la provincia.

La imputada Agustina Domínguez Molina fue relevada este jueves, aunque después de ser imputada durante las horas de la mañana, continúo trabajando hasta su horario de salida aproximadamente a las 13 horas que fue cuando se retiró del servicio, lo grave de este hecho, es que esta mujer, no solo no fue puesta en pasiva ni detenida, si no que le dieron la licencia, sería bueno saber porque tan laxa imputación.

Este hecho ha generado una doble alarma al interior de los tribunales de Córdoba, ya que se supone, por ley, que la información que se registra en las cámaras oficiales es confidencial y que de ninguna manera puede salir de ese recinto sin una orden judicial y de manera paralela, esto vuelve a poner en discusión cómo es el mecanismo de selección de los operadores para tan sensible función. Ante esta pregunta y las declaraciones del Ministro de seguridad diciendo que solo es una civil y minimizando el hecho, una vez más sale a la luz los acomodos políticos y de los jefes, acomodando sus hijos siempre en lugares de privilegios, esta joven es hija de la comisarío inspectora retirada Teresita Molina con lo cual queda claro que entra cualquiera, ya que ser recomendado no significa idoneidad ni mucho menos probos y conducta intachable.

Además de acuerdo a la ley 9380 que regula la utilización de las imágenes/sonidos receptadas por videocámaras instaladas en la vía pública, «los responsables de la operación de videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes, sonidos y datos por ellas obtenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado». «Cualquier persona que -en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental- tenga acceso a las imágenes, sonidos y datos que regula la presente ley, deberá observar absoluta reserva y confidencialidad», se indica en el artículo 9.

Esta compleja causa que se originó a raíz de la denominada «Operación Hidra», una investigación por el robo de vehículos en Córdoba que a fines de mayo último permitió desbaratar una mega banda con ramificaciones en diversas provincias del país, fue que al abrir el celular de uno de los detenidos, descubrieron que a través de WhatsApp este acusado mantenía sugestivos diálogos con la operaria que trabajaba en el 911 de la Policía, controlando las cámaras de seguridad.

Esta funcionaria pública tiene 20 años e ingresó como contratada hace más de 18 meses. No tiene estado policial, sino que es civil, esto demuestra la falla en el sistema de ingresos para cubrir puestos tan sensibles, ya que, estos ingresos para cubrir la seguridad, son jóvenes entre 18 y 20 años (acomodados) sin capacitación, sin la madures intelectual ni experiencia que tendrían que tener, por ejemplo, ocupar a policías ya finalizando su carrera con vasta experiencia y conocimiento en el delito, pero como siempre venimos señalando, los favores se pagan caros y todos los días salen a la luz hechos lamentables.

LOS CHAT QUE LA COMPROMETEN.

En los chats el acusado de integrar esta mega organización dedicada al robo de vehículos, le preguntaba a la funcionaria de las cámaras, si funcionaba un domo ubicado en una esquina de barrio Residencial Santa Ana, a lo que ella le respondió de manera afirmativa. 

En otro diálogo, le volvió a preguntar sobre otro domo ubicado en Alto Alberdi, a lo que la funcionaria le indicó que sólo apuntaba sobre una de las dos arterias de esa esquina, indicándole sobre cuál tenía la mira. En ese mismo chat, le agregó que ante la próxima consulta él le debía pagar a ella con un «porro» (cigarrillo de marihuana), en otro diálogo, el imputado le preguntó sobre un domo más de esa misma zona, a lo que ella le indicó que estaba funcionando y que por ahí no debía circular. Acto seguido, él le pidió que otro domo fuera enfocado sólo hacia una dirección en particular, un día que la joven no estaba trabajando, el imputado le preguntó sobre una filmación específica, a lo que ella le respondió que ese día no había ido a la Central de Monitoreo, porque estaba de franco, pero que cuando sea su turno se iba a fijar ya que dijo tener acceso «a todo».

La funcionaria le pedía marihuana en reiteradas ocasiones, y en uno de los chat le ofreció a su interlocutor venderle un kilo de la misma droga.

Ante estas referencias, se abrió una causa paralela en el Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, ya que el fiscal Caro remitió allí la parte de los diálogos en los que hay alusión directa a los estupefacientes.

UN CONCEJAL TAMBIEN METE GENTE POR LA VENTANA.

Ante el grave hecho delictivo sucedido en las cámaras del 911, nos llega una nueva información, sobre como seria de irregular los ingresos a esta área tan delicada, según el investigador A&A, el concejal Diego Casado, conocido por tener sus punteros políticos comprometidos con el hampa, como el caso de una puntera mano derecha de casado A.B, fue detenida por trafico de droga hace un tiempo atrás, este ambicioso ensayo de político, tiene que cumplir con las promesas de campaña y mete a cualquiera sin importar si realmente son aptos para ocupar el cargo, casado hablo con Alejandra Vigo, porque la hija de una de sus punteras políticas de barrio Bella Vista Alejandra Domínguez, nesitaba trabajar y la hizo ingresar sin secundario en el 911, si investigan no queda nadie, entre prontuarios y falta de estudios se van a llevar una sorpresa, para que después no salga el ministro hablar pavadas y hacerse el desentendido.