Lo que ocurre hoy en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 (SPC7) de la ciudad de San Francisco ya no admite eufemismos: no se trata de una crisis, sino de un sistema completamente degradado, donde la autoridad formal ha sido desplazada por un poder arbitrario, discrecional y peligrosamente impune.
Un penal que supo ser modelo para internos de buena conducta hoy alberga cerca de 300 personas en un contexto de sobrepoblación, precariedad y violencia creciente. El reciente intento de homicidio del interno Valentín Escobedo no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de un sistema sin conducción real.
Puertas adentro, el diagnóstico es unánime: el EP 7 está a la deriva.
UN PENAL SIN JEFES: CUANDO MANDA QUIEN NO DEBE.
Las denuncias que llegan desde el propio personal no solo exponen condiciones laborales indignas —sueldos miserables, recargos abusivos, falta de insumos y capacitación—, sino algo mucho más grave: la desaparición fáctica de la cadena de mando.
En ese vacío de autoridad, emerge con fuerza un nombre que se repite en todos los testimonios: la Ayudante de Primera Vanesa Anahí Gentinetti.
Sin ostentar un cargo de conducción, este suboficial habría construido un poder interno absoluto: decide traslados, impulsa sanciones, condiciona destinos y define quién permanece y quién es desplazado. Todo ello, con la pasividad —cuando no complicidad— de sus superiores.
Nueve fuentes independientes coinciden: en el EP7 no manda la jerarquía, manda Gentinetti.
PERSECUCIÓN, HUMILLACIÓN Y DISCIPLINAMIENTO.
Lo que describen los testimonios no es simplemente “mal clima laboral”. Es un esquema sistemático de hostigamiento compuesto por insultos por apariencia física, condición social o lugar de residencia; estigmatización abierta hacia mujeres; requisas reiteradas como forma de castigo; informes direccionados para forzar sanciones y traslados arbitrarios como mecanismo disciplinador.
No se trata de hechos aislados, sino de un patrón.
Uno de los casos más graves involucra a una agente con alopecia, quien habría sido objeto de burlas crueles —llegando a ser apodada de forma degradante “perro pila”— y obligada a cumplir exigencias contrarias a su situación personal. Un nivel de violencia que excede lo laboral y roza lo inhumano.
En otro episodio, una trabajadora fue sistemáticamente hostigada con calificativos como “villera”, “negra”, “sucia” y “gorda”, mientras se ordenaban controles constantes y se gestionaban sanciones en su contra.
El mensaje es claro: quien no se somete, es castigado.
EL PODER EN LAS SOMBRAS Y LA COMPLICIDAD DE LOS SUPERIORES.
Pero el dato más inquietante no es la conducta de una suboficial. Es que todo esto ocurre con la estructura jerárquica intacta… y mirando hacia otro lado.
Las sanciones las firman los superiores.
Los traslados los ordenan los superiores.
Las decisiones las convalidan los superiores.
Entonces la pregunta deja de ser incómoda para volverse inevitable:
¿quién gobierna realmente el EP 7 y por qué se lo permiten?
Las fuentes hablan de vínculos privilegiados, de cercanías indebidas, de presencias frecuentes y de un nivel de protección que explicaría la impunidad. Las relaciones implican a altos jefes del Establecimiento (J.M.P.) y exdirectores hoy en la plana mayor penitenciaria (N.L.) este último viaja desde Córdoba. .
Si esto es así, ya no estamos ante un caso individual. Estamos ante un esquema de poder arbitrario del cual todos forman parte, sin exclusión de responsabilidades.
CUANDO EL HOSTIGAMIENTO EXPULSA AL PERSONAL.
Las consecuencias no son abstractas. Hay agentes que han debido abandonar la institución.
Una suboficial con trayectoria intachable terminó solicitando el retiro tras sufrir un nivel de presión incompatible con cualquier ambiente laboral digno, con afectaciones a su salud debidamente certificadas.
También se reportan conflictos con personal profesional, en un clima que mezcla arbitrariedad, comentarios impropios y una falta absoluta de respeto por las funciones específicas.
El resultado: un servicio debilitado, fragmentado y sin capacidad real de sostener orden interno. ¿Qué queda entonces para el tratamiento penitenciario de sus internos?
LA DENUNCIA QUE PUEDE DESTAPAR TODO.
El quiebre llegó con la presentación de una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina, identificada como “Caso 11406”.
La denuncia, respaldada por testimonios y pruebas, podría exponer no solo el accionar de la suboficial señalada, sino también la responsabilidad directa de quienes, teniendo el deber de controlar, eligieron no hacerlo.
Si la investigación avanza con seriedad, el problema dejará de ser interno para convertirse en un escándalo institucional.
UN SISTEMA QUE VIOLA SUS PROPIAS REGLAS.
El Servicio Penitenciario se estructura sobre principios básicos: jerarquía, disciplina y legalidad. En el EP 7, esos principios han sido reemplazados por discrecionalidad, temor y silencio.
El artículo 19 de la Constitución Nacional protege la vida privada, pero no ampara redes de poder informal que distorsionan la función pública.
Cuando la autoridad se delega en las sombras, cuando el abuso se vuelve regla y cuando el silencio es la única defensa posible, ya no hay institución: hay un sistema corrompido.
DEL DESORDEN AL ESCÁNDALO.
Lo que ocurre en el SPC7 no es un problema administrativo. Es una falla estructural grave.
Un penal sobrepoblado. Un intento de homicidio reciente. Un personal hostigado. Una cadena de mando desdibujada. Y un poder paralelo operando con impunidad.
La pregunta ya no es si alguien va a intervenir. La pregunta es cuánto más se va a permitir.
Esta debe ir presa desde SCHIARETTI y YARLLORA hasta esta mina abusa y todos los abusos DICTADORES mafiosos cómo maduro espero justicia en Córdoba y en todo el país .q se terminé con esta dictadura de montoneros peronista en el poder …
Al igual está pasando en el ejército argentino lamentablemente hacen abuso de los soldados no a los hijos de…sí no a un triste civil q confio en el ejército mujeres q se van cansada y mal sicológicamente por el abuso de los instructores debería esto investigarse por q es muy grave …