Les escribo con el fin de poner en su conocimiento hechos de extrema gravedad institucional que, sin lugar a dudas, configuran el delito de peculado, cometido por personal jerárquico policial, quienes hacen uso abusivo y deliberado de bienes del Estado en beneficio estrictamente personal, actuando con total impunidad. En primer lugar, el Comisario Juan Azcona utiliza de manera habitual el móvil policial asignado a la localidad de Las Isletillas, matrícula 8341, dependiente de la Comisaría de Hernando, para trasladarse desde dicha localidad hacia su domicilio particular en la ciudad de Río Tercero y viceversa. Esta conducta no responde a ninguna necesidad operativa ni funcional, sino a una clara comodidad personal, evitando el uso de su propio vehículo o transporte público. Lo más grave de esta situación es que, al hacer uso del móvil con fines particulares, deja a la localidad de Las Isletillas sin cobertura policial móvil, exponiendo directamente a la población a una situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia, lo que implica no solo un delito penal, sino también una irresponsabilidad funcional manifiesta. Por otro lado, el Subcomisario Sebastián Suasnada, a cargo de la comisaría de Tancacha, incurre en la misma conducta delictiva al utilizar el móvil policial matrícula 8162 (Fiat Siena), perteneciente a dicha dependencia, para trasladarse diariamente hacia y desde su domicilio particular, pese a contar con vehículo propio. Esta situación evidencia un uso arbitrario, abusivo y totalmente injustificado de recursos estatales.
A ello se suma un hecho aún más grave: el Subcomisario Suasnada deja el móvil policial fuera de la base de la patrulla preventiva de Río Tercero, a la intemperie, sin ningún tipo de resguardo, incurriendo en una negligencia inadmisible en la custodia de un bien del Estado, exponiéndolo a daños, deterioro o sustracción. Todas estas acciones no son hechos aislados, sino prácticas reiteradas, sostenidas en el tiempo y ejecutadas con pleno conocimiento de su ilegalidad, lo que encuadra de manera clara en el delito de peculado, al tratarse de la utilización indebida de bienes cuya administración, guarda y custodia les han sido confiadas por razón de sus cargos. Resulta evidente que estos funcionarios se valen de su jerarquía para actuar sin ningún tipo de control ni consecuencia, consolidando un esquema de privilegios ilegítimos, en el cual el personal subalterno se ve obligado a cumplir las normas utilizando medios propios, mientras que quienes deberían dar el ejemplo hacen exactamente lo contrario. La gravedad institucional de estos hechos no solo radica en el perjuicio económico al Estado, sino también en el impacto directo sobre el servicio de seguridad, dejando zonas sin cobertura y debilitando la confianza en la institución.
Ojalá puedan tomar conocimiento desde jefatura de esta situación para que de manera urgente se adopten las medidas correspondientes, se investiguen los hechos en profundidad y se determinen las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, a fin de poner fin a estas conductas abusivas que desprestigian la función policial y vulneran la legalidad. Sabemos que quizás para ustedes este tema puede no parecer prioritario, pero para quienes estamos en los escalafones más bajos es algo que nos afecta profundamente en el día a día. El uso indebido de los móviles por parte de superiores no es un detalle menor: termina dejando a compañeros solos en las dependencias, sin recursos para responder, expuestos y desprotegidos.
Esta situación genera una sensación de impotencia muy grande, porque sentimos que se abusa de una posición de autoridad mientras nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades sin las herramientas necesarias.
Por eso acudimos a ustedes, con respeto, pero también con mucha necesidad, confiando en que, así como en otras ocasiones, puedan intervenir y ayudarnos a que esto se corrija y se haga justicia.
Desde ya, muchas gracias por escuchar y por el compromiso que siempre han demostrado.