CUANDO LA VÍCTIMA DEJA DE SER UNA PERSONA

Hay una idea de Thomas Sowell que debería incomodar profundamente a cualquiera que pretenda hablar seriamente de justicia: cuando una ideología se independiza de la realidad, los hechos dejan de ser el punto de partida y comienzan a convertirse en material moldeable. Y entonces ocurre algo todavía peor: las víctimas dejan de importar por su dolor y empiezan a importar por la utilidad que puedan tener para el relato.

Ese es el verdadero peligro.

No la ideología de izquierda.
No la ideología de derecha.
No el feminismo.
No el conservadurismo.

La ideología dentro de un expediente judicial.

Porque una sociedad democrática puede soportar periodistas ideologizados, políticos ideologizados, militantes ideologizados y ciudadanos ideologizados.

Lo que no puede soportar sin comenzar a pudrirse desde adentro es una Justicia ideologizada o subordinada al poder.

Hace tiempo que vengo planteando una discusión que parece molestar en Córdoba: la independencia real del Poder Judicial respecto del poder político.

No su independencia escrita en la Constitución.

Esa es preciosa.

La independencia que importa es otra: la que existe cuando hay que investigar al poderoso, al funcionario, al amigo del funcionario, al asesor del legislador, al integrante de una estructura estatal o a cualquiera cuya investigación pueda resultar políticamente incómoda.

Porque la independencia judicial no se demuestra encarcelando al que no tiene poder.

Se demuestra investigando al que lo tiene.

Y Córdoba tiene demasiadas cicatrices como para fingir que esta discusión es académica.

Nora Dalmasso

Durante casi veinte años el nombre de Nora Dalmasso fue pronunciado miles de veces.

En tribunales.

En televisión.

En diarios.

En radios.

En conversaciones políticas.

Pero detrás de todo aquello había algo mucho más sencillo que terminamos olvidando:

había una mujer asesinada.

Una persona.

Una familia.

Una verdad que el Estado tenía obligación de descubrir.

El resultado institucional es brutal: después de años de investigación, hipótesis, sospechas, exposiciones públicas y un juicio absolutorio, el homicidio permanece sin condenados. En 2025 la propia Justicia de Córdoba resolvió que la investigación debía mantenerse “activa y abierta”. (Justicia Córdoba)

Eso debería avergonzarnos institucionalmente.

Porque cuando un crimen permanece impune durante décadas no fracasa solamente un fiscal.

Fracasa el Estado.

Y ninguna conferencia de prensa puede corregirlo.

Ningún comunicado puede maquillarlo.

Ningún discurso puede transformarlo en éxito.

Neonatal

Después llegó la causa Neonatal.

Otra vez Córdoba.

Otra vez víctimas.

Otra vez una causa atravesando zonas extremadamente sensibles del Estado provincial.

La Justicia finalmente condenó en junio de 2025 a Brenda Agüero a prisión perpetua y dictó otras condenas y absoluciones. (Justicia Córdoba)

Pero aquella causa dejó instalada una pregunta que trasciende ampliamente las responsabilidades penales individuales:

¿qué ocurre cuando aquello que debe investigarse sucede dentro de estructuras dependientes del propio Estado?

Ahí comienza la verdadera prueba de una República.

Porque investigar a un particular es relativamente sencillo.

Investigar hacia arriba es otra cosa.

Significa preguntar quién sabía.

Desde cuándo sabía.

Quién informó.

Quién omitió actuar.

Quién debía controlar.

Quién decidió.

Y, fundamentalmente:

hasta dónde está dispuesta a llegar la Justicia cuando la verdad comienza a acercarse demasiado al poder.

Agostina

Y entonces apareció Agostina Madeleine Vega.

Catorce años.

No una bandera.

No un hashtag.

No una fotografía para colocar detrás de un funcionario.

No una oportunidad comunicacional.

Una niña.

Su desaparición ocurrió el 23 de mayo de 2026. La búsqueda movilizó a Córdoba, se activó la Alerta Sofía y finalmente apareció muerta. (LA NACION)

Hoy la causa tiene imputados y continúa avanzando; información periodística reciente describe la investigación como activa a tres meses del crimen. (La Voz)

Precisamente por eso hay que decir algo incómodo:

pedir que se investigue todo no significa atacar la investigación.

Significa defenderla.

Preguntar por contradicciones no significa defender delincuentes.

Significa ejercer ciudadanía.

Y cuando lo hace un abogado defensor, además, significa cumplir una función constitucional.

Desde el comienzo sostuve algo elemental: ninguna hipótesis incómoda debe descartarse porque resulte políticamente desagradable, comunicacionalmente inconveniente o porque obligue a ampliar el universo de personas investigadas.

De hecho, durante la propia búsqueda de Agostina, representantes de organizaciones dedicadas a víctimas de trata reclamaban públicamente que esa hipótesis permaneciera dentro del abanico investigativo. (LA NACION)

Investigar significa precisamente eso:

no enamorarse de una hipótesis.

Porque el fiscal que se enamora de su teoría deja lentamente de investigar.

Empieza a demostrar.

Y son cosas completamente distintas.

Quien investiga pregunta:

¿qué ocurrió?

Quien solamente pretende confirmar una hipótesis pregunta:

¿qué pruebas puedo encontrar para demostrar lo que ya decidí que ocurrió?

Entre esas dos preguntas existe toda la distancia que separa una investigación seria del sesgo de confirmación.

Por eso seguiré preguntando.

Aunque moleste.

Aunque incomode.

Aunque algunos pretendan confundir crítica institucional con ataque personal.

Porque Agostina no necesita relatos.

Necesita verdad.

Toda la verdad.

Incluso aquella que pueda resultar incómoda.

Y ahora el norte cordobés

Mientras tanto, Córdoba vuelve a enfrentarse a otro episodio que obliga a mirar la relación entre política y Justicia.

La investigación que actualmente lleva adelante la Fiscalía de Deán Funes por presuntos delitos de grooming, abuso y explotación sexual infantil alcanzó, entre otros, a José Villarreal, quien se desempeñaba como asesor legislativo vinculado al legislador departamental Ernesto “Cañito” Flores. La información publicada indica además que Villarreal había sido imputado ya en 2021 por reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal. La investigación actual está en manos de la fiscal Analía Cepede y suma numerosos imputados. (Cadena 3 Argentina)

Y acá aparece una pregunta inevitable.

Una pregunta que nadie debería considerar partidaria:

¿cómo llegó una persona con semejantes antecedentes judiciales a integrar una estructura legislativa?

Pero existe otra pregunta todavía más grave.

¿Qué ocurrió con aquellas investigaciones anteriores?

¿Qué se investigó?

¿Qué no se investigó?

¿Por qué?

¿Qué conocían las autoridades judiciales?

¿Qué conocían las autoridades políticas?

Y particularmente merece analizarse, con documentación y no con rumores, cuál fue la actuación de la fiscal Fabiana Pochetino frente a los antecedentes anteriores vinculados a Villarreal.

No afirmo responsabilidades que un tribunal no haya determinado.

Precisamente porque reclamo Justicia, rechazo convertirme en aquello que critico.

Pero preguntar no es condenar.

Preguntar es exactamente lo que una República debe hacer.

Y cuando aparecen antecedentes graves que preceden a una investigación de semejante magnitud, revisar qué hizo el Estado anteriormente no constituye persecución.

Constituye control democrático.

El problema no es una fiscal

Ni un fiscal.

Ni un juez.

Ni un partido político.

El problema es mucho más profundo.

Es una cultura institucional donde demasiadas veces parece importar más administrar el impacto de un caso que descubrir qué ocurrió.

Una Justicia verdaderamente independiente no protege gobiernos.

Tampoco los combate.

No protege ideologías.

Tampoco las persigue.

No necesita héroes.

No necesita villanos predeterminados.

Necesita pruebas.

Pruebas.

Esa palabra casi aburrida que debería gobernar absolutamente todo proceso penal.

Porque la víctima no pertenece al gobierno.

Ni a la oposición.

Ni al feminismo.

Ni al progresismo.

Ni al conservadurismo.

Ni a los medios.

Ni al fiscal.

Ni siquiera pertenece a quienes marchan llevando su fotografía.

La víctima pertenece a su propia historia.

Y el único homenaje institucional digno consiste en descubrir la verdad.

Aunque duela.

Aunque destruya discursos.

Aunque comprometa funcionarios.

Aunque desmienta periodistas.

Aunque contradiga fiscales.

Aunque absuelva a quien todos querían culpable.

Aunque condene a quien nadie quería investigar.

Eso es Justicia.

Todo lo demás puede ser política criminal, comunicación institucional, militancia, oportunismo o propaganda.

Pero no Justicia.

Córdoba debe elegir

Nora Dalmasso debería habernos enseñado algo.

Neonatal debería habernos enseñado algo.

Agostina Vega debería obligarnos definitivamente a aprenderlo.

Y lo que hoy sucede alrededor del caso Villarreal debería encender todas las alarmas antes de que dentro de diez años volvamos a preguntarnos cómo fue posible que nadie hubiera visto nada.

Porque siempre aparece después la misma frase:

“No sabíamos”.

A veces no es verdad.

A veces alguien sabía.

A veces alguien denunció.

A veces alguien escribió.

A veces alguien preguntó.

A veces alguien advirtió.

Y nadie quiso escuchar.

Por eso mi lucha por una Justicia independiente no es contra la Justicia.

Es por la Justicia.

No quiero fiscales obedientes a mis ideas.

Quiero fiscales que no obedezcan a nadie.

No quiero jueces que piensen como yo.

Quiero jueces que puedan decidir contra mí sin recibir una llamada telefónica y decidir a mi favor sin deberle un favor a nadie.

No quiero una Justicia de derecha.

No quiero una Justicia de izquierda.

No quiero una Justicia peronista, radical, liberal, progresista ni conservadora.

Quiero algo muchísimo más revolucionario:

quiero una Justicia sin dueño.

Una Justicia capaz de mirar al gobernador, al ministro, al legislador, al policía, al empresario, al periodista, al abogado y al último ciudadano de Córdoba exactamente de la misma manera.

Eso se llama igualdad ante la ley.

Lo demás es literatura constitucional.

Y vuelvo entonces a Sowell.

Cuando permitimos que una visión ideológica sustituya a la realidad, llega un momento en que dejamos de mirar personas y comenzamos a mirar símbolos.

Entonces una víctima sirve mientras confirma nuestro discurso.

Cuando deja de hacerlo, incomoda.

Y cuando incomoda demasiado, desaparece del relato.

Ese día la víctima muere por segunda vez.

La primera vez la mata su victimario.

La segunda, una sociedad que decide utilizar su cadáver para contar la historia que más le conviene.

A Agostina no le debemos una historia conveniente.

A Nora tampoco.

A los bebés del Neonatal tampoco.

A ninguna víctima.

Les debemos la verdad.

Y si para encontrarla hay que abrir puertas que algunos preferirían mantener cerradas, habrá que abrirlas.

Si hay que revisar actuaciones fiscales, habrá que revisarlas.

Si hay que investigar vínculos políticos, habrá que investigarlos.

Si hay que reconocer errores judiciales, habrá que reconocerlos.

Porque la República comienza exactamente allí donde termina la conveniencia.

Y la Justicia comienza exactamente allí donde nadie puede decidir de antemano qué verdad estamos autorizados a encontrar.

Eduardo J. Medina Allende
M.P. 1-34939
Abogado — Máster en Derecho Penal, Universidad de Salamanca