Hace unas semanas atrás un joven de la localidad de Pilar de la provincia de Córdoba, era sacado de su casa, golpeado salvajemente picaneado y acusado de un delito que supuestamente había cometido. Fue llevado a la UCA, lugar donde no es conveniente alojar a personas con discapacidades ni adictos, por motivos obvios que pueden suscitarse en el lugar, como por ejemplo al faltarle sus medicinas, en un ataque de abstinencia, como de hecho sucedió ya que se cortó las venas, lo que suscito que fuera trasladado al CPA, “Centro Psico Asistencial”.

CPA ¿CENTRO DE TORTURA O AYUDA AL ADICTO?

Luego de comenzar con averiguaciones sobre este lugar, debido a que la familia se presentó denunciando, un armado de causa, una justicia incapaz y un inocente detenido. Descubrimos que las personas que se encuentran alojados en el CPA, todos enfermos con distintas adicciones y discapacidades, hace más de un año, que la Directora del lugar Laureana Vignollez  en un trabajo conjunto con el ministerio justicia de justicia, pero depende del ministerio de salud, Vignollez  con una total falta de profesionalismo y de respeto por la salud mental de quienes permanecen alojados allí, dio la orden desde que empezó la PANDEMIA, que no ingresaran visitas de ninguna índole, tampoco les dejan realizar llamadas y videos llamadas mucho menos, permaneciendo todos  incomunicados.

Desde ya le decimos a esta supuesta profesional de la salud, que el mantener a cualquier tipo de enfermo, aislado de sus afectos y no permitir la comunicación por ningún medio, es una violación a sus derechos humanos y llevar su cuadro a un empeoramiento, en muchos caso hasta el suicidio.

¿PARA CUANDO LA JUSTICIA?   

La justicia tiene todas las pericias he informes que este joven es inimputable, porque lo mantienen privado de su libertad? quien te protege de este tipo de detenciones arbitrarias?. Están vulnerando derechos y garantías, pero marche preso.