Eduardo Casal, el procurador general interino de la Nación, dictaminó la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia con que el Presidente suspendió la presencialidad escolar en el AMBA. En medio de la disputa de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación sobre la gestión de la pandemia, la Corte Suprema le había reclamado el miércoles a la Procuración que presentara su opinión en un plazo de 72 horas. El dictamen no es vinculante y ahora el máximo tribunal está en condiciones de dictar su fallo.

En cumplimiento de la solicitud de los cortesanos, el procurador que colocó Mauricio Macri emitió su dictamen de 49 páginas. En el texto, señaló que el gobierno nacional tiene facultades sobre la salud en todo el país para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurrió. También consideró que en este caso se afectó el derecho a la educación.

El DNU dictado por Alberto Fernández hace dos semanas dispuso una serie de restricciones a la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarca tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense, para enfrentar la creciente segunda ola de la pandemia. El gobierno porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, decidió incumplir y objetar ante la Justicia sólo el artículo del decreto que suspendía por dos semanas la presencialidad en las escuelas.